Diligencia debida: por qué es crucial para los inversores

La Diligencia debida es una comprobación exhaustiva de antecedentes que se realiza antes de entablar una relación financiera o legal, ya sea al abrir una cuenta bancaria, comprar una propiedad o solicitar una segunda ciudadanía o residencia por inversión.

El procedimiento de Diligencia debida está diseñado para combatir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI[1], y la Directiva de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales núm. 2024/1640[2].

Diligencia debida estándar para ciudadanía o residencia

En el contexto de los programas de inmigración por inversión, la Diligencia debida va más allá de un control de identidad estándar. Es una evaluación multinivel de todos los antecedentes del inversor:

• origen y legalidad de su patrimonio;
• actividades empresariales;
• cumplimiento fiscal;
• reputación pública;
• y conducta personal.

El proceso suele abarcar simultáneamente las dimensiones financiera, legal, fiscal y reputacional.

Todos los solicitantes que superan una determinada edad deben someterse a ella. Por ejemplo, en Malta, la Diligencia debida se aplica a los solicitantes a partir de los 12 años, mientras que los países del Caribe suelen comprobar a los solicitantes a partir de los 16 años.

El rigor y la duración del proceso varían significativamente según la jurisdicción: desde unos pocos días en Vanuatu hasta 6—8 meses en Malta.

Diligencia debida reforzada para personas de alto riesgo

La Diligencia debida reforzada (EDD por sus siglas en inglés) se aplica cuando un expediente presenta indicadores de riesgo elevados: 

• vínculos con una Persona Expuesta Políticamente, ya sea el propio solicitante, un familiar o un socio cercano; 
• estructuras patrimoniales complejas o multijurisdiccionales; 
• residencia o actividad empresarial en países sensibles o de alto riesgo; 
• cobertura mediática negativa significativa, litigios no resueltos o denegaciones de inmigración previas.

Las Personas Expuestas Políticamente suelen incluir a altos cargos públicos actuales y anteriores, legisladores, altos directivos de empresas estatales y sus familiares cercanos (cónyuges, padres, hijos) y socios cercanos conocidos. La clasificación como PEP puede prolongarse desde 12 meses hasta varios años después de dejar el cargo, dependiendo de la jurisdicción. 

El estatus de PEP no da lugar automáticamente a una denegación; eleva el estándar probatorio y, en la mayoría de los casos, prolonga los plazos.

La Diligencia debida reforzada va más allá de una revisión KYC estándar en varios aspectos. Suele incluir:

• un análisis ampliado en archivos de prensa, registros mercantiles y fuentes judiciales y reguladoras; 
• mapeo de la titularidad real y de las relaciones con partes vinculadas para demostrar que las transacciones se realizaron en condiciones de plena competencia;
• reconstrucción de la fuente de patrimonio: rastreo de cómo se acumularon los activos a lo largo del tiempo y conexión de los ingresos históricos con los saldos actuales; 
• referencias independientes de antiguos empleadores, auditores o contrapartes cuando proceda; 
• y, en algunos casos, una entrevista personal para aclarar hechos específicos o resolver discrepancias en la documentación.

Los documentos que suelen solicitarse incluyen extractos bancarios, declaraciones de la renta, estados financieros auditados, registros de empresas, registros de dividendos y nóminas, registros de activos y declaraciones juradas.

El rigor y la transparencia afectan directamente tanto al resultado como al tiempo necesario para tomar una decisión. Recomendamos seguir los pasos descritos a continuación.

1. Elegir a un agente licenciado con experiencia específica en cumplimiento

No todos los agentes abordan la Diligencia debida con el mismo rigor. Busque una empresa que cuente con un Departamento de Cumplimiento y experiencia directa en la realización de controles preliminares, y no una que trate la Diligencia debida como un trámite administrativo gestionado junto con todo lo demás.

Además, un agente de buena reputación realiza una revisión preliminar de Diligencia debida antes de que usted se comprometa a nada. Este paso existe para identificar riesgos que podrían dar lugar a una denegación y para ofrecerle una evaluación honesta de sus perspectivas. Firmar un contrato y pagar por los servicios antes de que se complete esta revisión le sitúa en una desventaja innecesaria.

2. Proporcionar información completa y precisa

La solidez de su solicitud depende directamente de la calidad de la información que comparta con su agente. Esto incluye sus antecedentes personales, los familiares incluidos en la solicitud, las fuentes de ingresos y patrimonio y, cuando proceda, especialmente en el caso de las personas expuestas políticamente, información sobre sus socios comerciales. 

Si existen factores en su historial personal o empresarial que pudieran plantear dudas (cobertura mediática negativa, participación pasada en procedimientos judiciales, estructuras corporativas complejas), su agente debe conocerlos antes de la presentación, no después. 

La revelación incompleta no le protege; crea lagunas en las que profundizarán los departamentos gubernamentales.

3. Recopilar todos los documentos requeridos

Sobre la base de la información que usted proporcione, los abogados elaborarán la lista específica de documentos necesarios para su caso: pasaportes, certificados de matrimonio y de nacimiento, datos de registro, extractos bancarios y cualquier otro registro personal o financiero pertinente para el programa elegido. 

Cuando sea necesaria una explicación adicional, los abogados también pueden preparar declaraciones juradas para acompañar la presentación.

Errores comunes en la preparación de la Diligencia debida

Falta de conexión clara entre los ingresos históricos y los saldos actuales. Los revisores necesitan ver cómo se acumuló el patrimonio a lo largo del tiempo y cómo fluye hacia los fondos que se utilizan para la inversión. Los extractos bancarios fechados, los contratos y las declaraciones de impuestos deben formar una narrativa continua y rastreable.

Depósitos en efectivo o transferencias de terceros no explicadas. Cualquier fondo que no pueda atribuirse claramente a una fuente lícita debe excluirse de la ruta de inversión o acompañarse de documentación que acredite su origen y finalidad.

Algunas jurisdicciones permiten el patrocinio si está totalmente documentado y es transparente.

Fechas e importes desajustados entre documentos. Los contratos, extractos bancarios y declaraciones de impuestos deben ser coherentes entre sí. En caso de discrepancias, deben identificarse, conciliarse y anotarse antes de la presentación.

Denegaciones o investigaciones no reveladas. Las denegaciones previas de visado o ciudadanía, las investigaciones reguladoras o los procedimientos judiciales que se omiten en la solicitud suelen salir a la luz durante los controles de las autoridades, y las omisiones se tratan con mayor severidad que los hechos subyacentes. Revele la información pronto y aporte las decisiones oficiales y el contexto pertinente.

Documentos no certificados o sin traducir. La mayoría de los programas exigen copias legalizadas o certificadas y traducciones juradas cuando el idioma original no es el inglés. Los requisitos varían según la jurisdicción y deben seguirse con precisión.

Flujos de criptomonedas o divisas sin documentación KYC. Las transacciones que impliquen criptomonedas o cambio de divisas deben estar respaldadas por registros KYC de entrada y salida, con las contrapartes y las valoraciones claramente establecidas.

Flujos de fondos circulares. Si los fondos parecen volver a su origen antes de utilizarse para la inversión, los revisores cuestionarán su verdadera procedencia. Cada eslabón de la cadena debe acreditarse claramente, o los fondos deben sustituirse por una fuente demostrablemente limpia y directa.

Tanto los antecedentes personales como los empresariales del solicitante son objeto de escrutinio durante el proceso de Diligencia debida. Compartir esta información de forma completa y precisa con su agente licenciado permite a los abogados del agente preparar un paquete de documentos adecuado y reducir el riesgo de un resultado negativo.

Información general

Debe comunicar a su agente lo siguiente:

• fuentes de ingresos, actividades empresariales y estructura de propiedad;
• situación financiera actual;
• estado de los antecedentes penales o detalles de cualquier proceso judicial pasado o en curso;
• cualquier denegación previa de un visado, permiso de residencia o ciudadanía en otro país;
• cualquier asunto que afecte a la reputación personal o empresarial;
• cualquier vinculación, directa o a través de familiares, con actividades políticas.

Immigrant Invest trata toda la información de los clientes como estrictamente confidencial. Solo se comparte con la agencia gubernamental que gestiona la solicitud, tal como exige el proceso oficial de verificación. A partir de la información que nos proporcione, nuestros abogados prepararán la lista completa de documentos que deberán presentarse con su solicitud de ciudadanía o residencia por inversión.

Factores de riesgo que afectan a los resultados de la Diligencia debida

Ciertos aspectos de los antecedentes de un solicitante pueden plantear dudas durante la revisión de idoneidad y, en algunos casos, dar lugar a una denegación. Comprender estos factores de riesgo de antemano es la forma más eficaz de abordarlos.

Los factores de riesgo se evalúan en varias áreas clave: el país de ciudadanía, residencia y negocios del solicitante; su historial judicial y financiero; la naturaleza de sus actividades empresariales; la estructura y el registro de sus empresas; su estatus como persona expuesta políticamente; y su reputación pública. Cada categoría refleja una preocupación de cumplimiento distinta y se revisa de forma independiente durante el proceso de Diligencia debida.

Cuantos más factores de riesgo se apliquen a un solicitante, más compleja será la revisión. Conocer estas categorías de antemano permite a los solicitantes preparar las pruebas adecuadas y afrontar el proceso con expectativas realistas.

Cuando ciertos hechos requieren una evaluación profesional antes de presentarse a la Diligencia debida, adjuntamos a la solicitud nuestra opinión experta e información adicional sobre la cuestión.

La decisión final en todos los casos corresponde a la autoridad gubernamental competente. Lo que pueden hacer una solicitud bien preparada y un agente licenciado sólido es garantizar que el expediente presentado ofrezca a la autoridad todos los motivos para llegar a una conclusión positiva.

Aprobación incondicional

La solicitud supera todos los controles sustantivos y pasa a las etapas de inversión y emisión según lo prescrito por el programa.

Solicitud de información adicional

La autoridad requiere aclaraciones o documentos adicionales específicos; lo más habitual es para salvar las distancias entre los ingresos históricos y los saldos actuales, conciliar fechas o importes, o verificar a las contrapartes. Una respuesta bien estructurada aborda cada punto directamente, con pruebas fechadas y referencias cruzadas claras a los documentos pertinentes que ya constan en el expediente.

Intención de denegación

Algunos programas emiten una notificación formal de intención de denegación, concediendo al solicitante un plazo determinado para responder. Una respuesta eficaz aborda cada una de las dudas planteadas con pruebas nuevas y verificables, en lugar de limitarse a repetir lo que ya se ha presentado. 

Ciertos programas también pueden invitar al solicitante a una entrevista antes de tomar una decisión final.

Denegación definitiva

El caso se cierra. Cuando se permite volver a presentar la solicitud, suele requerir un cambio sustancial en el perfil del solicitante o el transcurso de un periodo de espera, ambos supuestos varían según la jurisdicción. 

Cabe señalar que una denegación en un programa puede afectar a la elegibilidad en otros, especialmente en el Caribe, donde los países participantes comparten una base de datos común de solicitantes rechazados.

En Immigrant Invest, la Diligencia debida no es un trámite externo; es la base de cada solicitud que gestionamos. 

Analizamos cada caso individualmente, preparamos un paquete de apoyo exhaustivo y realizamos nuestra propia revisión preliminar antes de presentar cualquier documento al departamento gubernamental. 

Nuestros procedimientos de cumplimiento están cuidadosamente estructurados y utilizamos las bases de datos World-Check y Dow Jones, que incluyen datos de Interpol y Europol.

Immigrant Invest trabaja en el sector desde 2006 y se ha labrado una reputación de socio de confianza, tanto entre los gobiernos como entre los clientes.

Somos un agente licenciado

Immigrant Invest posee licencias oficiales para asesorar y representar a clientes en programas de ciudadanía y residencia por inversión. Estas licencias son expedidas por las autoridades gubernamentales competentes en cada jurisdicción en la que operamos, que abarca la Unión Europea, el Caribe, Oceanía y África.

Una licencia en el ámbito de la migración por inversión no es un trámite externo; es un requisito legal para cualquier empresa que ofrezca estos servicios, y obtenerla exige demostrar que la empresa cumple unos estándares definidos de cumplimiento, transparencia y conducta profesional. Para los inversores, trabajar con un agente licenciado no es simplemente aconsejable; en la mayoría de los países, es la única vía permitida para presentar una solicitud.

Garantizamos su confidencialidad y protección de datos

Cada solicitud que gestionamos se trata con estricta confidencialidad. La información personal y financiera se comparte únicamente con las autoridades gubernamentales competentes y con las agencias acreditadas de Diligencia debida que participan directamente en la tramitación de su solicitud, y solo en la medida necesaria para tal fin.

Nuestras prácticas de protección de datos reflejan el carácter sensible de la información que se nos confía:

• todos los documentos y datos se almacenan en repositorios encriptados con acceso controlado y registros de retención;
• el acceso se concede sobre la base del mínimo privilegio: cada miembro del equipo ve únicamente lo que requiere su función;
• los proveedores externos operan bajo acuerdos vinculantes de no divulgación y solo se les permite utilizar sus datos para el fin para el cual fueron compartidos;
• trabajamos exclusivamente con fondos rastreables pertenecientes al solicitante. No se aceptan acuerdos de financiación por parte de terceros, ya que comprometen tanto los estándares de cumplimiento como la integridad de la solicitud.

Los originales y las copias certificadas siguen una cadena de custodia documentada durante todo el proceso. No recurrimos a intermediarios financieros informales ni a contrapartes indirectas, prácticas que, además de plantear dudas sobre el cumplimiento, crean un riesgo innecesario para el solicitante.

En Immigrant Invest, Oficiales de Cumplimiento Certificados en Prevención de Blanqueo de Capitales realizan controles preliminares y supervisan la preparación de la documentación durante todo el proceso.

Los elementos centrales de la Diligencia debida son consistentes en todos los programas de ciudadanía por inversión: las unidades de CBI verifican los antecedentes penales, el estatus de las sanciones, las denegaciones previas de visado o ciudadanía en otros países y la legalidad de las fuentes de ingresos y el patrimonio del inversor y sus familiares. 

Lo que difiere entre las jurisdicciones son los detalles prácticos: los plazos implicados y las tasas cobradas en cada etapa.

El propósito de la Diligencia debida es sencillo: confirmar que los antecedentes del solicitante cumplen los requisitos del programa. Los gobiernos quieren tener la seguridad de que ni el inversor ni sus familiares incluidos en la solicitud tienen antecedentes penales, y que los fondos destinados a la inversión proceden de fuentes totalmente legales.

Comprender los cambios en el entorno de la migración por inversión es importante para cualquier inversor que esté considerando una ciudadanía o residencia por inversión: cuanto más estricto sea el proceso, más seguro se mantendrá el estatus a lo largo del tiempo, y más a fondo deberá prepararse el inversor antes de presentar su solicitud.

Críticas a los programas de migración por inversión

Los programas de ciudadanía y residencia por inversión se han enfrentado a constantes críticas por parte de la Unión Europea y de organizaciones internacionales de la sociedad civil. La principal preocupación es la calidad de los controles de Diligencia debida, concretamente el riesgo de que personas implicadas en actividades delictivas, evasión fiscal o financiación del terrorismo puedan acceder al territorio de la UE a través de estos programas.

Como respuesta, las normas se han vuelto más complejas y los procedimientos de selección más rigurosos. Malta, por ejemplo, examina no solo al inversor y a su familia inmediata, sino también a su red más amplia de socios y colaboradores empresariales.

Algunos países han ido más allá reexaminando solicitudes aprobadas en años anteriores.

Chipre contrató a tres empresas independientes para volver a comprobar todas las solicitudes de ciudadanía por inversión aprobadas antes de 2018, lo que supuso la revocación de la ciudadanía a 26 inversores solo en 2019[4]. Los funcionarios responsables del programa de ciudadanía por inversión, sin embargo, fueron absueltos de las acusaciones de fraude y corrupción por un tribunal en 2026[5].

Vanuatu también anunció una revisión retroactiva de todas las ciudadanías concedidas desde 2015, al tiempo que reforzaba su proceso de Diligencia debida con la participación de la agencia británica FACT UK, una decisión vinculada directamente a la presión de la UE. A partir de marzo de 2022, los ciudadanos de Vanuatu que obtuvieron su pasaporte a través del programa de inversión después del 25 de mayo de 2015 perdieron su acceso sin visado al espacio Schengen[6]. En noviembre de 2022, se suspendió la entrada sin visado para todos los ciudadanos de Vanuatu[7]. En diciembre de 2024, el acceso sin visado quedó totalmente suspendido[8].

En 2025, Vanuatu continuó reforzando el control de la Unidad de Inteligencia Financiera[9] y posteriormente dio el siguiente paso y actualizó su proceso de facturación para que todas las tasas se pagaran directamente al tesoro público, 'cerrando así los resquicios que pueden haber permitido la corrupción y los abusos a lo largo de los años, los cuales han socavado los programas de ciudadanía del gobierno'[10].

Tras la cancelación del acceso sin visado de Vanuatu al espacio Schengen, la UE intensificó el escrutinio de los programas de CBI del Caribe. En 2023 y 2024, la UE entabló negociaciones directas con Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada y Santa Lucía, amenazando con suspender o limitar su acceso sin visado al espacio Schengen a menos que reforzaran sus estándares de Diligencia debida[11].

Los países del Caribe respondieron elevando los umbrales de inversión y las tasas por tramitación de solicitud, endureciendo los requisitos documentales y adhiriéndose a acuerdos reforzados de intercambio de información.

Contexto regulador

La evolución de la Diligencia debida refleja una tendencia mundial más amplia hacia estándares más estrictos contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Especialmente, el periodo de 2022 a 2025 ha traído consigo un endurecimiento significativo del marco regulador mundial aplicable a los programas de ciudadanía y residencia por inversión.

Paquete de la UE contra el blanqueo de capitales. En mayo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó un paquete legislativo histórico en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor en julio de 2024. Consta de dos instrumentos:

• el nuevo Reglamento (UE) 2024/1624 en materia de lucha contra el blanqueo de capitales[12];
• la Directiva (UE) 2024/1640 en materia de lucha contra el blanqueo de capitales[2];
• y un reglamento por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, AMLA[13].

Los puntos principales del Reglamento (UE) 2024/1624 son:

1. Aplicabilidad directa en todos los estados miembros de la UE, lo que elimina las incoherencias que existían bajo el marco anterior y crea unas condiciones de competencia realmente equitativas en toda la UE.
2. Una lista ampliada de entidades obligadas. Además de los bancos e instituciones financieras, la lista incluye ahora explícitamente a: gestores de patrimonio y family offices, agentes inmobiliarios y profesionales que participan en transacciones inmobiliarias, proveedores de servicios de criptoactivos, proveedores de créditos hipotecarios y de consumo, plataformas de financiación participativa y comerciantes de bienes de alto valor. Para los inversores con carteras diversificadas o estructuras de activos complejas, esto significa que los requisitos de Diligencia debida se aplicarán a una gama más amplia de sus relaciones financieras.
3. Estándares más estrictos de diligencia debida con el cliente. Las entidades obligadas deben realizar evaluaciones de riesgo individuales para cada relación con un cliente, aplicar la Diligencia debida reforzada en todos los casos que impliquen jurisdicciones de alto riesgo o Personas Expuestas Políticamente, y supervisar las relaciones de forma continua, no solo al inicio.
4. Las normas sobre Personas Expuestas Políticamente, o PEP, se han endurecido especialmente: se ha ampliado el periodo de escrutinio intensificado tras el cese de una persona en un cargo público, y el levantamiento de las medidas reforzadas requiere una reevaluación activa del riesgo, y no el simple transcurso del tiempo.
5. Transparencia de la titularidad real. Las instituciones deben verificar activamente —y no limitarse a aceptar declaraciones sobre— los titulares reales últimos de empresas, fideicomisos y estructuras similares. Los acuerdos de propiedad complejos u opacos atraerán un escrutinio adicional.

La AMLA tiene su sede en Frankfurt y garantiza las operaciones de supervisión directa. Por primera vez, un organismo dedicado a escala de la UE tiene autoridad vinculante sobre las instituciones financieras e, indirectamente, sobre los estándares de Diligencia debida aplicados a las actividades de alto riesgo, incluida la migración por inversión.

Guía actualizada del GAFI sobre la titularidad real. En marzo de 2023, el GAFI publicó la Recomendación 25 revisada y actualizó su guía sobre transparencia y titularidad real de las estructuras jurídicas. Un año después, el GAFI también actualizó su guía basada en el riesgo para la Recomendación 25[14]. 

Estas revisiones exigen que los países recopilen y mantengan información más detallada sobre los verdaderos propietarios de los fideicomisos y estructuras similares, lo que afecta directamente a los inversores cuyo patrimonio se mantiene a través de complejos acuerdos corporativos o fiduciarios.

OCDE y transparencia fiscal. El Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE, operativo desde 2017, sigue ampliando su alcance. A partir de 2026, más de 120 jurisdicciones intercambiarán automáticamente información sobre cuentas financieras[15]. 

La guía de la OCDE exige que las jurisdicciones informen sobre los esquemas que plantean un alto riesgo para el CRS. No impone directamente obligaciones a los inversores; las obligaciones de información recaen en las instituciones financieras.

La OCDE también ha introducido normas que abordan específicamente el uso indebido de los programas de residencia y ciudadanía por inversión para eludir la notificación del CRS, exigiendo que dichos programas se comuniquen a las autoridades fiscales del país de origen del inversor[16].

El nuevo marco de la OCDE (el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio de Información Disponible sobre Bienes Inmuebles o IPI MCAA) amplía la infraestructura existente para el intercambio automático de información, que ya cubre cuentas financieras, criptoactivos y transacciones en plataformas digitales. 

El propósito era colmar una laguna que persistía desde hacía tiempo en la información fiscal transfronteriza: hasta ahora, las autoridades fiscales de un país tenían una visibilidad limitada sobre los bienes inmuebles que sus residentes poseían en el extranjero. Bajo el IPI MCAA, eso cambia. Las administraciones tributarias obtienen acceso sistemático a la información que se considera «fácilmente disponible» en el país donde se encuentra la propiedad, incluidos los detalles de propiedad, el valor de la propiedad, el historial de transacciones y los ingresos por alquiler[17].

Esquemas ilegales y descuentos de agentes fraudulentos

El endurecimiento normativo no ha eliminado los intentos de eludir las reglas de los programas. En múltiples jurisdicciones surge un patrón constante: agentes o promotores ofrecen la ciudadanía por debajo del precio mínimo oficial, gestionan financiación no oficial o estructuran acuerdos secundarios no revelados. Los inversores que participan, a sabiendas o no, sufren las consecuencias.

Los programas de ciudadanía por inversión del Caribe prohíben los descuentos no autorizados, los acuerdos de devolución de efectivo (cashback) y la financiación basada en el crédito.

En Granada, 8 solicitudes han sido rechazadas por infracciones, y 1 inversor que ya había recibido la aprobación se enfrenta ahora a la revocación. La Agencia de Migración por Inversión de Granada ha respondido con medidas coercitivas formales, incluyendo revocaciones de licencias y prohibiciones permanentes para los agentes que no cumplan la normativa.

Santo Tomé y Príncipe. Solo 5 meses después del lanzamiento de su programa de ciudadanía por inversión, la Unidad de Inversión en Ciudadanía de Santo Tomé revocó la licencia de un agente al que se descubrió ofreciendo el programa por $89,000, una cifra inferior al umbral de inversión prescrito de $90,000. La CIU lo calificó de precedente, afirmando un enfoque de tolerancia cero ante las infracciones[18].

Rumanía. En 2025, Le Monde publicó una investigación sobre un fraude a gran escala relacionado con el proceso de ciudadanía rumana basado en la repatriación. Se obtuvieron fraudulentamente unos 19,000 pasaportes utilizando documentos falsificados, registros ficticios y datos personales robados, con la participación de funcionarios, notarios y abogados corruptos[19].

Desde entonces, las autoridades rumanas han reforzado los procedimientos de verificación y endurecido los requisitos de los solicitantes.

Es importante ser consciente de la ilegalidad y las consecuencias de utilizar «opciones financieras» para eludir las condiciones de los programas de ciudadanía por inversión.

Los programas de ciudadanía por inversión ofrecen a las personas la oportunidad de convertirse en ciudadanos a cambio de una inversión financiera significativa en un país. Sin embargo, algunas personas intentan eludir las condiciones de estos programas mediante medios financieros ilícitos, lo que puede tener graves repercusiones legales y personales.

1. Se trata de infracciones legales

Intentar eludir las condiciones del programa CBI mediante «opciones financieras» constituye una infracción de la ley del país elegido. 

Todos los programas CBI están regulados por la legislación local y son supervisados por las autoridades gubernamentales. Proporcionar información falsa a sabiendas con la intención de defraudar a una autoridad gubernamental es un delito. 

Además, al firmar su solicitud de ciudadanía, los clientes confirman y certifican que toda la información que proporcionan es veraz. La firma del cliente en este documento está legalizada ante notario, por lo que el cliente no podrá eludir su responsabilidad por el incumplimiento de estas obligaciones en el futuro.

2. Riesgo de pérdida de la ciudadanía

La participación en actividades financieras ilegales o la falsificación de información en una solicitud de ciudadanía puede dar lugar a la revocación de la ciudadanía obtenida y a graves consecuencias legales, incluidos procedimientos administrativos o penales y la inhabilitación para participar en otros programas de inversión.

3. Consecuencias financieras

Las personas implicadas en tales actividades pueden enfrentarse a sanciones financieras sustanciales, incluida la pérdida de los fondos invertidos y de los honorarios legales. 

Los esquemas financieros suelen ser ofrecidos por empresas con estructuras no transparentes, sociedades offshore cerradas no públicas y contrapartes sin la licencia adecuada. Con este tipo de socios, nunca tendrá la garantía de no perder la totalidad de la suma invertida.

4. Enjuiciamiento criminal

Las prácticas financieras ilícitas asociadas a la elusión de las condiciones del programa CBI pueden dar lugar a juicios penales, empañando la reputación de la persona y limitando sus oportunidades futuras. 

Cómo luchan los gobiernos contra las «opciones financieras»

Los gobiernos y los organismos reguladores están sensibilizando al público sobre los riesgos de las «opciones financieras» y los esquemas grises, así como sobre la importancia de realizar una Diligencia debida exhaustiva antes de participar en los programas de CBI. 

Asimismo, la Unión Europea realiza un trabajo independiente y se prepara para tomar medidas en relación con las infracciones en los programas de CBI. En respuesta a una solicitud de la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales para realizar un estudio sobre los regímenes de CBI y RBI en la UE, se desarrolló una metodología innovadora para identificar las cuestiones que plantean retos particulares, teniendo en cuenta las inquietudes específicas de todas las partes implicadas.

Los programas de CBI están tomando medidas activas (Acuerdo de Seguridad de la Ciudadanía por Inversión sobre los Seis Principios de CBI) para combatir las «opciones financieras» o los esquemas grises mediante el refuerzo de la Diligencia debida, el aumento de la supervisión reglamentaria, el fomento de la cooperación mundial, la promulgación de reformas legislativas, la sensibilización pública y la aplicación de mecanismos estratégicos de selección.

Superar la Diligencia debida una vez tiene consecuencias a largo plazo que pueden simplificar muchos procesos en los años venideros.

Futuro asegurado

Un proceso de Diligencia debida exhaustivo ofrece algo más que el camino hacia la aprobación de la ciudadanía o la residencia: proporciona seguridad a largo plazo. 

Cuando una agencia gubernamental ha investigado rigurosamente a un solicitante, el riesgo de una revocación posterior se reduce significativamente. Dicho esto, todos los programas incluyen condiciones bajo las cuales se puede retirar el estatus, tales como condenas penales o la inclusión en listas de sanciones. 

Mantener el estatus obtenido depende del cumplimiento continuado de los términos del programa y de la legislación aplicable.

Riesgos identificados y formas de mitigarlos

Cabe preguntarse qué puede revelar una revisión preliminar profesional que un inversor no sea capaz de anticipar por su cuenta. 

El estatus de persona expuesta políticamente, por ejemplo, se define de forma distinta en cada jurisdicción: un inversor puede no considerarse PEP según las leyes de su país de origen y, sin embargo, cumplir los requisitos para serlo según las normas del país del programa. Nuestros Oficiales de Cumplimiento Certificados en Prevención de Blanqueo de Capitales están familiarizados con estas distinciones y las tienen en cuenta en cada revisión preliminar que realizamos.

Experiencia

La Diligencia debida es un requisito estándar para cualquier actividad financiera significativa dentro de la UE: abrir una cuenta bancaria, comprar una propiedad o realizar una transacción sustancial implican procedimientos de verificación equivalentes. 

Un inversor que ha pasado por un proceso de Diligencia debida bien preparado comprende qué se espera de él, tiene su documentación en orden y está mejor posicionado para cumplir estos requisitos de manera eficiente en el futuro.

Trabajar con un equipo experimentado significa llegar a cada control posterior —ya sea por motivos bancarios, inmobiliarios o para otro programa de CBI o RBI— con una comprensión clara de las preguntas que probablemente le formularán, un relato estructurado de su negocio y un conjunto completo de documentos justificativos ya preparados. Esa preparación, realizada una vez con esmero, le seguirá siendo de gran utilidad más allá de la solicitud inicial.

1. Fuente: Las últimas recomendaciones del GAFI pueden consultarse en el sitio web oficial.
2. Fuente: La Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo está diseñada para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, modificando la Directiva 2019/1937 y la Directiva (UE) 2015/849.
3. Fuente: El comentario de Alex Muscat sobre los programas de migración por inversión se publicó en el artículo del Times of Malta en 2021.
4. Fuente: BBC News informó sobre el proceso de investigación y los resultados en 2019.
5. Fuente: La decisión del Tribunal de lo Penal compuesto por tres jueces fue comunicada por Reuters en febrero de 2026.
6. Fuente: La decisión de suspender parcialmente el acuerdo de exención de visado con Vanuatu debido a los riesgos que plantean los esquemas de pasaportes dorados se publicó en el sitio web oficial del Consejo Europeo.
7. Fuente: La decisión de suspender totalmente el acuerdo de exención de visado con Vanuatu se publicó en el sitio web oficial del Consejo Europeo.
8. Fuente: La decisión de cancelar la exención de visado para los ciudadanos de Vanuatu se publicó en el sitio web oficial del Consejo Europeo.
9. Fuente: Todas las disposiciones del procedimiento revisado se describen en la Notificación del Gobierno de 14 de enero de 2025.
10. Fuente: La decisión de la Comisión de Ciudadanía fue publicada por el Daily Post de Vanuatu en abril de 2025.
11. Fuente: El enfoque que adoptó la UE sobre los programas de ciudadanía y residencia por inversión se describe en el respectivo informe publicado en septiembre de 2024.
12. Fuente: El texto completo del Reglamento (UE) 2024/1624 se publica en el sitio web oficial de la Unión Europea.
13. Fuente: Puede encontrar más información sobre la AMLA en el sitio web oficial de la agencia.
14. Fuente: La guía sobre Titularidad Real y Transparencia de las Estructuras Jurídicas puede consultarse en el sitio web oficial del GAFI.
15. Fuente: La lista completa de países puede consultarse en el sitio web oficial de la OCDE.
16. Fuente: En 2023, la OCDE y el GAFI publicaron un informe conjunto sobre el uso indebido de los programas de ciudadanía y residencia por inversión.
17. Fuente: El texto completo del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio de Información Disponible sobre Bienes Inmuebles se publica en el sitio web oficial de la OCDE. 
18. Fuente: El incidente fue descrito por el recurso IMI Daily.
19. Fuente: La investigación de Le Monde sobre el uso fraudulento de documentos rumanos falsificados se publicó en diciembre de 2025.