«Personas políticamente expuestas»: ¿quiénes son y cómo pueden obtener una segunda ciudadanía?

No existe una definición conjunta de personas políticamente expuestas en la práctica internacional. La terminología más utilizada es la del Grupo de Acción Financiera (GAFI): las personas políticamente expuestas tienen un alto riesgo de participar en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El GAFI distingue cuatro categorías de personas políticamente expuestas:

1. Personas políticamente expuestas extranjeras y nacionales: personas que ocupan o han ocupado altos cargos gubernamentales. Por ejemplo, jefes de Estado y de Gobierno y sus adjuntos, miembros del Gobierno y del Parlamento, jefes de Estado o autoridades judiciales, altos mandos militares, altos directivos de empresas estatales, líderes de partidos políticos, embajadores y diplomáticos.

2. Personas políticamente expuestas en organizaciones internacionales, como altos ejecutivos o empleados con responsabilidades de liderazgo similares, p. ej., directores, subdirectores y miembros del consejo.

3. Familiares de personas políticamente expuestas incluyen cónyuges y parientes consanguíneos: padres, abuelos, hermanos e hijos. También se tienen en cuenta los padres adoptivos, tutores e hijos adoptados.

4. Socios y asociados de una persona políticamente expuesta son personas que están estrechamente asociadas con una persona políticamente expuesta a nivel personal o profesional. La lista incluye copropietarios del negocio y titulares reales de la empresa de una persona políticamente expuesta.

La definición de personas políticamente expuestas del GAFI es utilizada por todos los miembros de la organización. En 2022, incluye 37 estados, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

Algunos estados establecen la definición de persona políticamente expuesta a nivel legislativo. Por ejemplo, en el Reino Unido, el término está consagrado en la sección 35(12) del Reglamento de Blanqueo de Capitales de 2017.

Tener un segundo pasaporte puede estar prohibido para:

• empleados con acceso a secretos de Estado;

• militares y personal de servicio por contrato;

• empleados de organismos encargados de hacer cumplir la ley, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Aduanas, el Ministerio de Situaciones de Emergencia;

• empleados de empresas estatales.

Cuando se emplean en la función pública o durante una verificación oficial, dichos empleados pueden necesitar un certificado de ausencia de una segunda ciudadanía.

Si una PEP ya no está en el servicio público, puede solicitar una segunda ciudadanía. Para obtener un pasaporte por inversión, deberá pasar un control de Diligencia debida. Para ello, deberá confirmar la ausencia de antecedentes penales y la legalidad de las fuentes de ingresos.

El solicitante de ciudadanía debe confirmar que el dinero para la inversión se recibió antes o después de estar en el servicio civil. Se aceptan como confirmación los siguientes:

• extractos de cuentas bancarias de los períodos de declaración;

• declaración de ingresos y gastos;

• certificado de ingresos e impuestos pagados.

Malta permite a las personas obtener la ciudadanía por naturalización por servicios excepcionales mediante inversión directa.

El solicitante obtiene primero un permiso de residencia y pasa un estricto control, la Prueba de Elegibilidad. Si el inversor pasa el control y obtiene la aprobación, puede solicitar la ciudadanía uno o tres años después de obtener el permiso de residencia.

La cantidad mínima de inversión en la economía de Malta es de €690.000. Incluye una aportación a un fondo estatal, alquiler de vivienda y una donación benéfica. El inversor también paga una tasa de Diligencia debida y una tasa por la emisión de tarjetas de identidad.

Esta vía para obtener la ciudadanía maltesa está actualmente en revisión. Para recibir una actualización tan pronto como esté disponible de nuevo, deje su correo electrónico.

Los países caribeños otorgan la ciudadanía por inversiones a partir de $100.000. Los inversores realizan contribuciones no reembolsables a fondos estatales, compran bienes inmuebles y bonos gubernamentales, e invierten en negocios.

Los programas estatales de ciudadanía operan en cinco países caribeños: San Cristóbal y Nieves, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

Vanuatu es un estado insular en Oceanía que también otorga la ciudadanía por inversión bajo el programa estatal. Para obtener la ciudadanía de Vanuatu por inversión, un inversor realiza una contribución no reembolsable al fondo estatal por un importe de $130.000 o más.